Columna La Tercera, 11.01.2024 Carolina Valdivia, abogada, exsubsecretaria de RREE e investigadora del CEP
Hoy, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), comenzarán los alegatos en contra de Israel en el caso presentado por Sudáfrica. Como estado parte de la Convención en contra del Genocidio, Sudáfrica denuncia que Israel, por años, ha ejecutado acciones y omisiones en contra del pueblo palestino de Gaza buscando su destrucción sustancial. Estas acciones, incrementadas con la operación iniciada tras los ataques de Hamas, configurarían un genocidio. En esta primera etapa, Sudáfrica solicita a la CIJ que decrete medidas provisionales para que Israel suspenda inmediatamente sus acciones militares.
Este caso amerita analizarse desde varias perspectivas de política exterior considerando elementos políticos, jurídicos y multilaterales.
Desde una mirada política, Sudáfrica tiene una cercanía histórica con la causa palestina, pueblo al que considera víctima de un régimen similar al apartheid sudafricano. Al mismo tiempo, y disputándole el protagonismo a sus socios BRIC, Sudáfrica busca mostrar liderazgo desde el Sur Global, a través de determinaciones concretas en contra de Israel, las que también debemos leer como una reclamación hacia el orden impuesto por Occidente. Más allá de los eventuales méritos de esta demanda, imposible es no alertar sobre las inconsistencias de su política exterior. La misma semana en que denunció a Israel, el presidente sudafricano recibió al líder rebelde de Sudán sindicado como responsable de matanzas en Darfur, calificadas de genocidio, y en 2015 se negó a detener a Al-Bashir, a pesar de existir una orden de arresto como autor del delito de genocidio.
Jurídicamente, será un caso trascendente. Israel que, contrario a lo que se especuló, sí comparecerá ante la CIJ, probablemente amparará su actuar en Gaza en su derecho a la legítima defensa y disputará que exista la llamada “intención genocida”, prueba que en derecho internacional es extraordinariamente exigente.
Aparte de las disquisiciones legales, la acción sudafricana parece haber remecido el tablero. A los días de la demanda ante la CIJ, Israel anunció el comienzo de una nueva fase de su operación militar, más acotada, con menos efectivos y armamentos. Asimismo, desplegó una intensa actividad diplomática, consciente de las consecuencias de una sentencia que lo exponga como violador de la Convención contra el Genocidio, la que nació, precisamente, para evitar que se repitiesen las atrocidades del Holocausto.
En el ámbito multilateral, la CIJ tiene el espacio para evaluar la legalidad del accionar israelí, incluyendo las acciones terroristas de Hamas, y mostrar que, a pesar del marasmo en que se encuentra la ONU, existen organismos dispuestos a aclarar cuáles son los límites del derecho a legítima defensa y cuándo estamos ante la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad. Por la sobrevivencia de un mundo basado en reglas, esperemos que así sea, y que la CIJ dicte una sentencia que no se limite a decir lo obvio ni busque satisfacer a todos los contendientes.
