Columna El Líbero, 25.08.2017 Jorge Canelas U., cientista político, embajador (r) y director de CEPERI
Desde hace varios años se viene incubando un problema limítrofe con Argentina por la ubicación de un depósito de deshechos de la empresa minera Pelambres en territorio argentino, lo que ha dado pie a dos demandas en tribunales trasandinos contra los ejecutivos de la empresa chilena y a una creciente presión sobre las Cancillerías de ambos países para buscar una solución al incordio.
Hemos venido tratando el tema en esta columna desde noviembre de 2015, cuando planteamos lo incomprensible de la actitud de nuestra Cancillería al no abordar el asunto con la seriedad que tiene. El problema tuvo su origen en la década de los 90, cuando ambos países convinieron una modificación del trazado limítrofe, pero por alguna razón esa modificación no fue informada oportunamente para que se elaborara la nueva cartografía y mapas oficiales correspondientes, lo que habría ocurrido con más de una década de atraso. La empresa minera solicitó y obtuvo las autorizaciones para la instalación de un depósito de deshechos, lo que se hizo tomando como base mapas oficiales que no reflejaban el nuevo trazado, lo que ubicaba el botadero en territorio argentino.
Volvimos a comentar el asunto en octubre de 2016, tras la celebración de una audiencia conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente del Senado argentino, oportunidad en la cual el viceministro de Relaciones Exteriores fijó claramente la posición de su país, que demanda de parte del Estado de Chile una solución a lo que definen como una violación a la soberanía y a la normativa medioambiental argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha calificado el asunto como “un problema entre privados”, manteniéndose al margen de la disputa, que con el tiempo sólo se ha acrecentado. Ahora es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino quien reitera lo que vienen sosteniendo las autoridades de su país por largo tiempo: que esto se trata de un problema limítrofe y debe ser resuelto por ambos Estados.
Los representantes de la empresa ya han identificado con claridad cómo se originó la situación, que les afecta en forma directa, no sólo como empresa, sino también de manera personal a sus ejecutivos, que enfrentan demandas civiles y penales en Argentina. Como se ha dicho, el problema, ab initio, derivó del hecho de haberse utilizado mapas oficiales obsoletos en el proceso de autorización que obtuvo la empresa para instalar en esa zona el depósito de deshechos.
En la defensa de los intereses nacionales, aplicar “la política del avestruz” no ha sido la mejor manera de abordar un problema limítrofe que se acrecienta a medida que más se deja transcurrir el tiempo. Cuando las autoridades argentinas reiteran, como lo hace el senador Julio Cobos, que “este asunto no es un problema entre privados, sino entre Estados”, agregando que “el Estado no puede delegar la responsabilidad de que se trabaje bien”, todo apunta a que de nuestro lado ha llegado la hora de tomar las cosas con la seriedad que corresponde. Desconocemos las razones para haber negado, durante años, que esto inevitablemente caería en manos de las autoridades políticas, al tratarse de un asunto que involucra directamente nada menos que asuntos de soberanía territorial. Finalmente, ha sido abordado por miembros de las comisiones de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, pidiendo antecedentes del caso a la Cancillería.
Las relaciones bilaterales con Argentina constituyen una prioridad en la política exterior de Chile. Por eso, no hay justificación alguna para no haber tomado este caso con la responsabilidad y seriedad que requiere. Es en este tipo de situaciones que se pone a prueba la capacidad en el manejo de los asuntos más sensibles en materia de política exterior. Al no abordar este problema de forma oportuna, la Cancillería ha dado cabida a conjeturas y especulaciones que no hacen bien al prestigio de nuestro Gobierno y menos, a su política exterior.
