Editorial El Mercurio, 12.04.2015
"Hay una reclamación que proviene de una imperfectamente implementada asignación de tierras desde el siglo XIX que sostiene al conflicto..."
En una sesión especial del Senado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, afirmó que la violencia en la zona mapuche "no puede resolverse mágicamente" ni "tampoco en un corto plazo". Se refería a la serie de graves hechos de violencia ocurridos en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Biobío, como atentados, incendios, destrucción de vehículos y maquinaria. Sin perjuicio de que, muy probablemente, no resultará sencillo erradicar dicha violencia, los ejes conceptuales sobre los que se ha conducido su combate contienen supuestos que tienden más bien a agudizar que a colaborar con la solución de ese fenómeno. Desde 1990 en adelante, el Estado chileno ha actuado bajo el supuesto, en ocasiones implícito, pero muchas veces explícito, de que existiría una deuda pendiente con el pueblo mapuche, originada en la ocupación y entrega de títulos de dominio a connacionales, en zonas que ancestralmente eran ocupadas por ese pueblo, la que, al no estar adecuadamente compensada, daría una justificación a su reclamación. Esa forma de mirar el problema se ha ido profundizando en el tiempo, y se ha traducido en un tratamiento privilegiado para quienes, al amparo de esa reclamación, vulneran la ley y actúan de manera violenta. Así, por ejemplo, se ha permitido calificar el combate a la violencia como una "militarización" de la zona, se afirma que no se deben utilizar testigos protegidos en los juicios contra personeros mapuches acusados por hechos violentos o terroristas, y, finalmente, que lo que hay detrás de este problema es un "conflicto social", el que no podrá resolverse mediante las instituciones policiales y de justicia. Ese análisis contiene elementos que tienen cierta correspondencia con los hechos generadores del conflicto, pero también contiene otros con cuya interpretación resulta muy difícil comulgar. En efecto, hay una reclamación que proviene de una imperfectamente implementada asignación de tierras desde el siglo XIX que sostiene al conflicto. Sin embargo, no resulta aceptable que mientras ese problema no se resuelva -y, a comienzos del siglo XXI, no parece posible que la política de compra de tierras sea su solución, pues las tierras no son bienes sobre los que una población censada de un millón de personas pueda encontrar sustento digno- se permita la actuación violenta de algunos miembros de esa etnia, que se atenúe la actuación de la policía y de la justicia, y que el resto de los chilenos que ahí habitan sufran las consecuencias de todo ello. Es cierto, como dice el ministro del Interior, que no hay soluciones mágicas para este problema, pero las hasta ahora emprendidas han demostrado su inutilidad.
