Editorial El Mercurio, 26.07.2016
En silencio se ha mantenido la pareja presidencial venezolana sobre el supuesto involucramiento de familiares de la Primera Dama en tráfico de drogas. La confesión de los sobrinos de Cilia Flores de que habrían intentado introducir cocaína en EE.UU. no puede caerle en peor momento a Nicolás Maduro, que enfrenta una aguda crisis política por su pertinaz obstrucción al diálogo y a un referéndum revocatorio que pide la mayoría opositora, mientras Venezuela vive en la angustia económica y social.
No es extraño que Maduro evite hablar del tema. Por su parte, su mujer solo ha indicado que esperará que la "justicia hable, y después tendremos mucho de qué hablar".
Hace años que Venezuela está en la mira de las agencias antinarcóticos, y de la DEA en particular, porque se sospecha que las bandas colombianas utilizan territorio venezolano para sus envíos de droga a Europa y EE.UU. Los 2.219 kilómetros de frontera, la débil institucionalidad policial, judicial y de vigilancia, así como la inexistente cooperación entre agencias (la DEA fue expulsada de Venezuela en 2005 por "espionaje") hacen del país caribeño una "ruta segura" para el negocio. En los últimos cinco años, un centenar de militares y policías han sido procesados por drogas, pero el gobierno insiste en que son delitos aislados, "manzanas podridas".
Una fuente de información clave sobre cómo operaría el negocio es un desertor, ex oficial y guardaespaldas del número dos de Maduro, Diosdado Cabello, quien ha dado importantes pistas a la DEA. Siguiendo esos datos, por meses la agencia vigiló a los sobrinos de Flores, capturándolos en noviembre en Haití, luego de reuniones con un supuesto narco, un informante encubierto. La confesión de los jóvenes permitió presentar una acusación en una Corte de EE.UU. Así, el juicio, en el que arriesgan cadena perpetua, se iniciará en noviembre. En Caracas, una comisión legislativa pedirá antecedentes a EE.UU. y hará una investigación de por qué la fiscalía no ha abierto un expediente al respecto y sobre el uso de pasaportes diplomáticos por parte de los sobrinos.
Es llamativo -y preocupante- que tanto en noviembre como ahora, los medios venezolanos informen poco del caso. En parte esto se debe al temor de que una acusación al entorno presidencial provoque una ofensiva contra la prensa. Existe un precedente. Cuando Cabello era investigado por vínculos con los traficantes, se lanzó en picada contra los medios, y como resultado, el director del diario El Nacional está en el exilio, y el de otro medio opositor quedó con arraigo.
Hay quienes ven en la actuación de la DEA una manipulación de Washington para acorralar a Maduro, y eventualmente buscar su caída. Ese tipo de teorías conspirativas son frecuentes, y en este caso, más que nunca, será obligación de la justicia norteamericana demostrar con pruebas y evidencias que la culpabilidad de los acusados es irrebatible, y que sus investigaciones no están motivadas políticamente. Si los fiscales así lo demuestran, hay que esperar que el Presidente Maduro y la "Primera Combatiente", como le dicen a Cilia Flores, hagan declaraciones acorde a la gravedad del hecho. Si los familiares de Maduro son inocentes, podrán probarlo en tribunales.
