Columna Polis F Mires Blogspot, 10.05.2017 José R. López Padrino (M.D. Ph.D.), médico venezolano residente en EE.UU.
La respuesta del régimen a la profunda crisis política y económica que afecta al país ha sido una represión despiadada (44 asesinados, 823 heridos y cientos de detenidos) y la convocatoria de una fraudulenta y corporativista constituyente comunal. Maduro y su proyecto fachobolivariano están acorralados, no sólo por la pérdida mayoritaria del apoyo popular, sino por el rechazo que tiene en todos los espacios de la sociedad venezolana, así como en los escenarios internacionales. Ante esta nueva realidad, el iletrado ha recurrido a convocar a una "constituyente corporativa" (a su medida) que no solamente le arrebata al pueblo venezolano el derecho a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sino que además falazmente ofrece solucionar los problemas que afectan a los venezolanos como la inflación, la carestía de alimentos y medicinas, y garantizar la paz de la República.
Hay que enfatizar primeramente que la “constituyente corporativa” convocada por el régimen es inconstitucional, ya que esa figura no está contemplada en la Constitución Nacional. Además, Maduro no puede conculcar la facultad, que le corresponde constitucionalmente al pueblo, “depositario del poder constituyente originario” según reza en la Carta Magna, en su artículo 347. El ignorante de Miraflores pretende convocar a una constituyente sin la consulta expresa al pueblo que, debe expresar su decisión de “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, como establece el Artículo 347. Solo el pueblo tiene en sus manos ese poder y debe expresarlo en un referendo, a los fines de que se materialice la convocatoria. En todo caso, lo único que le atribuye la Carta Magna al iletrado del Palacio de Misia Jacinta, es la iniciativa para la convocatoria (Art. 348), al igual que también la tiene la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales mediante el voto de las dos terceras de los mismos; o el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral.
En esta convocatoria inconstitucional se utiliza el mal llamado poder comunal como excusa para corporativizar la conformación de la nueva constituyente. Para nadie es un secreto la impronta fascista del proyecto bolivariano y que el tan cacareado poder comunal ha derivado en perversas correas de transmisión de las políticas del régimen, así como en delatores (patriotas cooperantes) al servicio de los cuerpos policiales. El poder popular lejos de ser instancias de la soberanía popular representa estructuras minoritarias del PSUV cuyos objetivos políticos no son otros que el sustituir el Poder Legislativo, los partidos políticos, las alcaldías y gobernaciones, así como la propia Asamblea Nacional. Maduro al corporativizar la conformación de la Asamblea Constituyente pretende imponer a 250 de los 500 integrantes de la misma, es decir lograr una mayoría constituyente a pesar de ser una minoría electoral.
Hoy el fachochavismo a través de su llamado a la constituyente corporativista reedita las políticas del Partido Nacional Fascista (PNF) de Benito Mussolini quien consolidó la fascistización del Estado Italiano mediante la creación de la Cámara de los Fascios y de las Corporaciones(1939) en sustitución de la antigua Cámara de Diputados. Dentro del nuevo Estado corporativo facho, la Cámara de los Fascios y de las Corporaciones se integró con representantes de corporaciones sindicales, femeninas, culturales, familiares, municipales, militares, docentes, deportistas, etc. designados por cancerberos del Duce para evitar la “incomoda y no patriótica” representación de los partidos políticos electos por la vía electoral universal, directa y secreta.
La descabellada y fraudulenta constituyente madurista ha contado con el rechazo de la Asamblea Nacional, de los partidos de la MUD, de la mayoría de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Además, de dirigentes del chavismo como Eustoquio Contreras, y del chavismo no madurista -Nicmar Evans, Héctor Navarro, Miguel Rodríguez Torres, Gonzalo Gómez y Toby Valderrama, entre muchos otros-.
Al margen de la retórica Goebbeliana del régimen, el mal llamado socialismo del siglo XXI (entiéndase corporativismo bolivariano) persigue establecer un Estado corporativista que impone una disciplina autoritaria a las fuerzas productivas, borra la pluralidad política, militariza a la sociedad, impone un terrorismo de Estado, diviniza la figura del insepulto de Sabaneta y aspira a transformar la sociedad venezolana en un ente homogéneo y armónico, silencioso y obediente al proyecto hegemónico bolivariano.
La constituyente corporativa refleja el talante antidemocrático, populachero, oscuro y falaz del fascismo tropical bolivariano. Es un paso más orientado a la fascistización de la sociedad, a la imposición de un pensamiento militar jerarquizado que obviamente le cerrará las puertas a la pluralidad ideológica y a la vida democrática del país.
El Estado corporativista bolivariano nos retrotrae a las dolorosas experiencias de la Italia fascista del siglo XX.
