Columna El Líbero, 02.03.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
La desaparición del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ante nuestras narices, en una operación sumamente bien preparada, coordinada y ejecutada, constituye el principal rompecabezas de nuestra política interna y exterior en estos días. Asumiendo cualquiera de las especulaciones que se barajan respecto a sus causas y autores, que en plena democracia tengamos un detenido/desaparecido en alguien que buscó entre nosotros “el asilo contra la opresión”, es una afrenta a la dignidad nacional. Cada día que pasa, crecen la humillación y la ofuscación.
Circulan muchas hipótesis sobre quien estaría detrás de esta abducción, pero la mayoría de ellas apuntan al régimen dictatorial de Nicolás Maduro como responsable, sea directamente a través de uno o varios de sus brazos policiales como el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), o por encargo a alguna organización criminal local o extranjera.
El 23 de enero recién pasado, Ojeda y otros 33 militares habían sido públicamente degradados y expulsados de las filas de la Fuerza Nacional Bolivariana (FANB) por “Actos de Traición a la Patria” y por orden del propio dictador. En concreto, dice el comunicado del Ejército, estaría implicado “en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno…” Menos de un mes después, Ojeda desapareció misteriosamente en una calle de Santiago. Raro, ¿no?
La lista de “traidores a la patria” habría sido confeccionada bajo condiciones de tortura a un ex militar que regresó a Venezuela desde Estados Unidos y que fue capturado el pasado 23 de diciembre en la frontera con Colombia. Este habría implicado a uniformados en el exilio en conspiraciones inexistentes. Según fuentes oficiosas citadas por O Globo, unos 900 militares venezolanos exiliados viven desde entonces en estado de máxima alarma en distintos países.
En caso de confirmarse la conexión venezolana, ¿cuál podría ser – a mi juicio – la razón de fondo para este secuestro humillante para Chile? La primera y más importante, creo, desacreditar a María Corina Machado, la más tenaz opositora de Maduro implicándola en una supuesta conspiración. Recordemos dos de los argumentos contra ella de la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Justicia, órganos serviles a la dictadura que la han inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales de este año: “(participar) de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó (…) como también del despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo, con la complicidad de gobiernos corruptos”. La segunda, un golpe de autoridad del general Vladimir Padrino López ante su gente para asegurarse una total sumisión a su poder en la FANB.
María Corina Machado, de acuerdo a la última encuesta de DatinCorp citada por el diario español El Mundo, en caso de celebrarse hoy una elección con múltiples candidatos, “recogería el 55% de los apoyos, frente al exiguo 14% de Maduro. En un escenario polarizado entre ambos candidatos (Machado y Maduro), la dirigente liberal llegaría hasta el 65% de los sufragios, con Maduro apenas en el 15%”. Agrega el diario hispano que, según diversos sondeos, el rechazo al dictador alcanza un 80%. Por esto es que la valiente opositora sigue recorriendo el país aclamada por multitudes, como si estuviera en plena campaña.
Para ella es necesario mantener en alto el espíritu opositor en torno a la Plataforma Unida y su persona. En paralelo, debe conjurar una maniobra del régimen, mediante el dócil Legislativo, que pretende diluir a la oposición. En caso de ser necesario, debe apuntalar con su prestigio otra alternativa que saque a Maduro del poder.
Sin embargo, algunas democracias importantes en nuestra región ya muestran calladamente una tolerancia a la pantomima electoral en Venezuela de este año, alegando que María Corina – de quien desconfían – está legalmente inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia y punto. Es el caso de México y Brasil, nada menos. A ambos países les interesa que continúe Maduro en el poder, a quien reconocen como funcional a sus propios intereses y, por supuesto, condimentado con afinidades y simpatías ideológicas. De ahí las sonrisas de ayer en la reunión de Maduro con Lula en la VIII Cumbre de Celac, celebrada en un remoto país caribeño afín a Cuba y Nicaragua. Imagino que el Grupo de Puebla también va a convalidar confiadamente el proceso electoral que presente el dictador. En Brasil, la situación era así hasta Bolsonaro.
Cuando reinaba en la política exterior brasileña Marco Aurelio García, que ocupó por años en Planalto el cargo de Celso Amorim, las embajadas de Chile y México en Brasilia organizamos un almuerzo (debe haber sido el 2014) en el que se encontraban, además de Marco Aurelio, Enrique Iglesias, entonces secretario general iberoamericano, los expresidentes Ricardo Lagos y Felipe Calderón de México y una decena de invitados. Se discutió entonces el futuro de la democracia en Venezuela. Recuerdo que Marco Aurelio defendió con vehemencia que a la democracia se llegaría haciendo todo lo posible por respaldar a Nicolás, como lo llamaba. Agregó que una oposición venezolana fragmentada no era alternativa y menos tutelada por Estados Unidos.
Esta posición la sostenía con entusiasmo la entonces presidenta, Dilma Rousseff. Era la época en que “reinaban” en América del Sur el carisma de un Lula en la retaguardia, además de Cristina, Evo, Correa, Mujica. Entonces, desde un discreto segundo plano, el ascendiente de Marco Aurelio sobre todos ellos y sobre varias figuras relevantes de la izquierda latinoamericana y partidos políticos afines, coordinaba un tremendo apoyo a la consolidación de la dictadura venezolana.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y las circunstancias han cambiado en la región. A pesar de las dos almas de la coalición gobernante en nuestro país, Gabriel Boric ha demostrado alguna independencia frente a Maduro y, en algún caso puntual, también lo ha hecho el mismo Gustavo Petro. Por eso, de confirmarse la tesis de un secuestro en Chile por parte de Venezuela, las cosas no pueden seguir por el derrotero de las simpatías ideológicas. La solidaridad regional con Chile, activada por nuestra diplomacia, debería movilizarse de una vez, aunque el régimen obviamente niegue estar implicado.
En este contexto, tenemos que ser mucho más activos para exigir también unas elecciones en Venezuela que sean auténticamente libres, transparentes, informadas e internacionalmente supervisadas. Las palabras suaves debieran dar lugar a una actitud firme. Es probable que tengamos que asumir la ausencia de cooperación de la dictadura con respecto a las repatriaciones de los criminales de nacionalidad venezolana que habitan en nuestro territorio, o una falta de ayuda del régimen en cuanto al intercambio de información de personas con antecedente penales. Sin embargo, tenemos que preguntarnos ante esta mera hipótesis: ¿Qué es más importante?, ¿desembolsar unos pesos adicionales en el presupuesto por el mantenimiento en Chile de un conjunto de condenados, la implementación de un sistema de inteligencia fuerte, el cierre de las fronteras; o claudicar ignominiosamente ante la intervención extranjera a costa del honor?
Aparte de nuestros propios conciudadanos heridos, hay cientos de miles de venezolanos honestos, esforzados, libres y demócratas que viven y trabajan en Chile y que esperarían un pronunciamiento rotundo de nuestra parte.
